¡Ya está todo dicho! Con este titular el resto de la noticia parece que sobra.
España es el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos pagan la energía más cara y el único en el que se ha generado déficit de tarifa, que alcanza los 30.000 millones de euros, lo que supone que cada español debe 638 euros por la energía consumida en los últimos 10 años. Por si esto fuera poco, el índice de pobreza energética que registra nuestro país es alarmante: se estima que cerca del 14% de la población, unos 6 millones de personas, son incapaces de mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud y que el número de muertes por este motivo supera al de la siniestralidad en las carretera españolas.
ANPIER (Asociación Nacional de productores e inversores de Energías Renovables) considera que, en la coyuntura de crisis y pobreza energética que sufre la ciudadanía es una obligación del Estado realizar este ejercicio de transparencia serio y riguroso, para que se expliquen los diferentes costes del sistema y, en concreto, los costes reales que supone cada modalidad de generación, así como el impacto positivo y negativo para la sociedad y el medio ambiente de cada tecnología generadora de electricidad.
Tanto desde el Gobierno como desde UNESA se ha reiterado públicamente cuál es el impacto económico que supone las primas a las renovables en los costes del sistema, sin especificar cuáles son sus retornos económicos y medioambientales; pero se le ha ocultado a la ciudadanía el balance completo y, en especial, las partidas más sorprendentes, como pueden ser, entre otras, los costes de la moratoria nuclear, 76.000.000 de Euros en 2013: 1,6 Euros por español,que se abona a las eléctricas en concepto de no desarrollar energía nuclear.
Los costes por interrumpibilidad, 749.000.000 de Euros en 2013, 16 € por español que se entregan a varias multinacionales por si se diera el caso de que se quedaran sin fluido eléctrico por problemas en la red, hecho más que improbable y que el propio ministro ha tenido que justificar con argumentos vinculados a la deslocalización de tejido empresarial, que paradójicamente se encuentra seriamente dañado debido a los elevados costes de la energía.
Pero sobre todo, por ser lo más gravoso para los españoles, el sobreprecio que pagamos por el 30% de la energía que consumimos, que es de origen nuclear e hidráulica y que, con datos de la CNE de 2011, nos supuso un coste anual de 4.015.646.979 Euros, cuando el coste real de producción fue de 1.066.509.141 Euros. Esto supone que abonamos un gasto inexistente de 2.949.137.838 Euros cada año: 62 Euros por español.
Esta información no le está llegando al ciudadano con la misma intensidad que se hace supuesta didáctica sobre los costes de las renovables y el impacto que estas tienen en el sistema, cuando en España, sólo 3,5 % de la energía producida es de origen solar fotovoltaico, a pesar de ser una tecnología con un potencial generador atractivo, y de que nuestras condiciones geográficas y climatológicas resultan óptimas.
La Comisión Europea, en el Dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, sentencia: "Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas"
Sin embargo, el Gobierno, con la reciente publicación de la Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial ha definido el marco energético español, ha apostado por las fuentes fósiles y nucleares, puesto que dicha orden incrementa las tarifas de estas energías contaminantes: gas natural, gasóleo, carbón y fuel, y eleva la retribución a la energía nuclear; mientras que, por otra parte, reduce las retribuciones a las energías limpias.
Estas decisiones, junto con la pública predisposición de alargar la vida de las centrales nucleares, como el caso de Garoña, más allá de sus límites razonables y quebrantando la normativa que establecía los plazos de solicitud de renovación, definen cuál es el modelo energético español, muy alejado del paradigma europeo y del que desarrollan países de referencia como Alemania, que ha diseñado su futuro energético sobre la energía fotovoltaica y que clausurará todas sus centrales nucleares en menos de 9 años.
El Presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha declarado que “frente a este desolador escenario energético y el reparto lacerante, arbitrario y asimétrico de la riqueza y el confort, las 55.000 familias que generamos energía solar fotovoltaica en España no nos vamos a cruzar de brazos ni vamos a callarnos, porque nos sentimos triplemente estafados: como productores, como consumidores y como ciudadanos”.
Para reflexionar...
